Que salvo en el programa de gobierno del Frente Amplio, la agenda nacional establecida en los Acuerdos de Paz estuvo ausente, principalmente en las ofertas electorales que se conocieron para la segunda vuelta electoral. En ese sentido le recuerda al nuevo gobierno por instalarse, que los Acuerdos de Paz son compromisos de Estado y que la ley correspondiente fue aprobada en la gestión parlamentaria de la cual, tanto el Presidente como la Vice Presidenta electos eran diputados al Congreso de la República.
2.. Sobre esa base, señala que el nuevo gobierno tendrá la responsabilidad ante la historia de revertir las consecuencias negativas, causadas por el incumplimiento integral de la agenda de la paz contenida en los Acuerdos de Paz, de parte de los cuatro gobiernos que no los cumplieron. Es de señalar que el Presidente electo Otto Pérez Molina es signatario de varios acuerdos, y que en representación del Ejército de Guatemala firmó hace quince años el Acuerdo sobre la Paz Firme y Duradera.
3. La situación nacional de pobreza y pobreza extrema ascendente que se vive, así como la creciente e incontrolable inseguridad ciudadana, y sobre todo el proceso acelerado de descomposición que se da tanto en el seno del Estado como en la sociedad, pudieron haberse evitado si los gobiernos de: Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Oscar Berger y Álvaro Colom hubieran cumplido con los compromisos de Estado establecidos en los Acuerdos de Paz sustantivos. El incumplimiento, manipulación, distorsión y violación de los Acuerdos de Paz ha sido el común denominador de todas las políticas y acciones del Estado guatemalteco durante el período, teniendo como resultado, la profundización del modelo neoliberal, favoreciendo así, con exclusividad los intereses de los poderes económicos nacionales y transnacionales.
4. Aunque no exista ya la represión como política de Estado, el irrespeto a la vida y a los derechos fundamentales de la humanidad siguen siendo violados, la criminalización de las luchas sociales, las ejecuciones extrajudiciales, que con toda impunidad aplican en contra de dirigentes sociales aparatos clandestinos es contante, la política de desalojos represivos aplicada en contra de la población campesina es ejecutada por fuerzas públicas y privadas, deja como saldo que en cada desalojo por los menos uno o más campesinos asesinados, así como el incumplimiento de los convenios internacionales que en materia de desalojos Guatemala es signataria, es de señalar que el gobierno de Alvaro Colom no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas en Junio 2011, por la CIDH de la OEA a favor de las comunidades desalojadas en el municipio de Panzós Alta Verapaz. Los desplazamientos externos y el desarraigo de la población campesina, producto de esa política de desalojos, los que se ejecutan para viabilizar los mega proyectos “público-privados” vuelven a ser realidad, lamentablemente campesinos guatemaltecos sufren en México el asedio del yunque y el martillo de parte de las fuerzas públicas de México y Guatemala en territorio guatemalteco.
5. Los Acuerdos de Paz sustantivos garantizan el derecho a la vida, la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la superación de la situación socio económica que se vive, y sobre todo el acceso a la tierra de parte del campesinado, el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática, así como el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia. Los Acuerdos de Paz establecen sobre todo, las transformaciones necesarias al sistema de partidos políticos y régimen electoral. Los acuerdos establecen las bases para la creación de la memoria histórica y resarcimiento ético de la nación, así como la dignificación de las víctimas de la represión como política que el Estado aplicó durante el enfrentamiento armado.
6. Hoy el Ministerio Público es objeto de embates de desestabilización política, producto de maniobras y componendas orientadas a garantizar los intereses y privilegios de poderes paralelos que con toda impunidad operan en el país. De manera irresponsable e irrespetuosa ante las instituciones del Estado, y ante la memoria de ciudadanos y ciudadanas ya fallecidas acusándoles de haber cometido hechos criminales en el pasado, tres personas ha presentado denuncias ante el Ministerio Público, esta institución ha creado para el efecto, una fiscalía especial. Es de señalar que en Guatemala la represión fue política de Estado implementada y ejecutada por el Ejército de Guatemala y otros aparatos represivos del Estado, teniendo como resultados lo que informa la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, esta situación ha sido reconocida por cinco presidentes de la república, en ese sentido cae de su peso que en este momento histórico, lo que tienen que demostrar ante la justicia es que, por un lado no se fue genocida y por el otro que no se tiene responsabilidad ante los hechos imputados.
7. A quince años de la paz, se encuentran relegadas las políticas de Estado en materia de derechos humanos, se tienen abandonadas las agendas de Estado en materia de identidad y derechos de los pueblos indígenas y todo lo correspondiente al acceso a la tierra y al desarrollo rural integral, no sé avanza en los derechos de la mujer y la juventud. Contraria al espíritu y contenido de los Acuerdos de
Paz que buscan el fortalecimiento del Estado, la función pública que según la constitución es indelegable, está privatizada. En síntesis lo que se persigue es el debilitamiento, uso y manipulación de los tres organismos del Estado acelerando así su descomposición e inhabilitación, para que el neoliberalismo y sus nuevos aliados del crimen organizado y el narcotráfico operen con plena impunidad en contra de los intereses de la población en general, sin importarles las repercusiones nacionales e internacionales.
8. A las víctimas de la Represión del Estado se les relega, se les manipula y se les niegan los derechos adquiridos. No hay voluntad política para cumplir con los compromisos del resarcimiento ni con las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la legislación sobre la materia está estancada y el Programa Nacional de Resarcimiento está sumergido en una dinámica de liquidación por parte de las autoridades de gobierno, pues según el mismo Ministerio de Finanzas Públicas, la reducción del presupuesto, se debe a que el mismo no lo han ejecutado para las víctimas, sino la mayor parte del mismo es transferido a otras dependencias, por lo tanto se ha usado con fines políticos y clientelares, y sobre todo la corrupción en su manejo y ejecución han sido constantes.
9. Ante esta situación hacemos un llamado a las y los guatemaltecos amantes de la paz, la tranquilidad, el bienestar, la seguridad y la justicia, la gobernabilidad democrática y sobre todo de la justicia social, a no perder la confianza en el pueblo y sus potencialidades, a retomar la agenda de la paz, a luchar por su concreción y a integrarse de acuerdo a la voluntad y posibilidades propias al gran proyecto de la paz, que diversos sectores políticos y sociales de la izquierda, así como los sectores progresistas y democráticos y sobre todo aquellas y aquellos que sobreviven cotidianamente la dura y cruel realidad nacional, se encuentran impulsando, y así con el sustento de la agenda de la paz, garanticemos la viabilidad de Guatemala como país en lo social, económico, político, cultural y moral.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Guatemala 29 de Diciembre 2011.
