El desmembramiento y despojo de 33 caballerías y 8 hectáreas de tierras comunales, pertenecientes a diferentes comunidades de municipios de Quiché, motivó a líderes comunitarios a solicitar la intermediación de la bancada de la URNG-MAIZ, con el objetivo de obtener información del estatus de los terrenos en conflicto así como el compromiso de las entidades de Gobierno de devolverles las tierras que les pertenencen.
Los representantes de las comunidades leyeron un manifiesto, que luego entregaron a las autoridades presentes, además, plantearon las siguientes demandas: obtener un informe sobre la situación de las tierras y la derogación de los Decreto Legislativo 60-70 y los Decretos Ley 771-83y 65-84, que son los que permiten el desmembramiento y despojo de las tierras comunales. Las solicitudes de los afectados fueron escuchadas por los funcionarios, quienes también tuvieron que responder a preguntas concretas realizadas por el legislador en busca de la concreción de compromisos por parte de las instituciones a las que representan en pro de satisfacer las demandas de los municipios de Quiche. (Lea: Los compromisos).
Después de escuchar a los funcionarios de Gobierno el parlamentario concluyó en la voluntad política de estos por buscar soluciones a las problemáticas planteadas, no obstante, solicitó que los compromisos adquiridos tengan fecha de cumplimiento esto con el fin de solventar lo antes posible la situación que aqueja a los afectados.
Los compromisos
El RIC en colaboración con el Fontierras y la SAA, se comprometió a realizar un estudio sobre la situación de las tierras en conflicto, para definir su estatus y a partir de allí avanzar en acciones que permitan satisfacer las demandas de los afectados, mismo que presentará al diputado Nuila el próximo 18 de noviembre.
El informe presentado por el RIC, será trasladado de manera inmediata a los afectados por la bancada de la URNG, para que puedan trasladar la misma a sus comunidades.
El diputado Nuila, se comprometió a preparar una iniciativa de ley que derogue el Decreto Legislativo 60-70, y los decretos ley 771-83 y 65-84. "Me comprometo a crear una iniciativa de ley que derogue los Decretos ya referidos, y presentarlo a Dirección Legislativa, pero aún más me interesaría dejarlo presentado al pleno, pero para ello hay que cabildear para que otros diputados se comprometen a firmar el proyecto, definitivamente van a ser los que en realidad estén gobernando a favor del pueblo, porque este tema es muy álgido y toca la estructura económica del pais", afirmó el diputado en su momento.
No obstante, en el cumplimiento de su compromiso por derogar los Decretos en la investigación previa realizada por la bancada de la URNG-MAIZ, se revela que el plan de desarrollo estratégico que plantea Segeplan, no tiene sustento legal, ya que los decretos en que se basa ya están derogados, por lo tanto la iniciativa no tiene materia.
"Después de los resultados de nuestra investigación queda claro que los Decretos ya no están vigentes así que ahora lo que corresponde es dar seguimiento a esta problemática, ya que según la legislación vigente, es al Fontierras a quien le compete resolver la situación", afirmó el parlamentario Nuila.