Las luchas indígenas, campesinas y populares por la recuperación de la tierra y el territorio continúan vigentes. Llevan implícitas las reivindicaciones sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas y dentro de los cuales se destacan los inherentes al derecho humano histórico de decidir, y por lo tanto, ser consultados, con resultados vinculantes, sobre el uso que el Estado y el poder económico pretendan hacer sobre la integralidad territorial, lo cual incluye: suelo, subsuelo, bienes naturales, medio ambiente y, ante todo, las garantías para una seguridad alimentaria.
Las luchas señaladas han tenido como única respuesta por el poder económico nacional y transnacional, así como por el Estado guatemalteco monoclasista, etnocéntrico y patriarcal, la represión y criminalización de las reivindicaciones, la ejecución de la política de desalojos represivos, a cargo de fuerzas combinadas público-privadas, constituidas por elementos de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y los aparatos de seguridad privada de los finqueros.
Esta situación, sufrida por la inmensa mayoría de la población guatemalteca, da como resultados: despojo de la tierra, desplazamientos masivos de población de manera forzosa y el desarraigo consiguiente. Se suma a esta situación el hecho de que el Estado guatemalteco incumple los tratados internacionales en materia de DDHH para la población desalojada; un ejemplo lamentable, pero viviente, es el incumplimiento de las medidas cautelares que, desde junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al gobierno anterior que ejecutara a favor de los DDHH de la población campesina, desalojada de manera violenta y criminal de los alrededores del Ingenio Chabil Utz’Aj, en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.
Se suma a lo anterior que a partir de los últimos cinco años la ubicación y dislocación de fuerzas del Ejército de Guatemala, “casualmente” se encuentra ubicada en las zonas de desarrollo minero, hidroeléctricas, industrias para biocombustibles y otros megaproyectos que favorecen a los intereses señalados. Esta situación está produciendo desarraigos y desplazamientos internos y externos. No podemos dejar de citar la situación de la población desarraigada en el norte del Petén, la cual ha sido desplazada hacia territorio mexicano, en el municipio de Tenosique, Estado de Campeche, sufriendo el asedio de los ejércitos de México y de Guatemala.
El esfuerzo y sacrificio histórico que significa esta masiva movilización campesina, merece como única respuesta del gobierno presidido por Otto Pérez Molina:
1. El cese de la política de desalojos y de desalojos represivos.
2. La condonación de la deuda campesina, señalándole que en el Congreso de la República existe ya una iniciativa de ley sobre la materia, presentada en el año 2011.
3. Iniciar el proceso de resolución de la problemática y demandas agrarias, a partir de las propuestas que las diferentes organizaciones campesinas han presentado ante los diferentes gobiernos de Guatemala desde hace más de diez años. Debe incluirse dentro de este tema la aprobación de la normativa correspondiente en materia de derecho y jurisdicciones agrarias.
4. Cancelación de las licencias de exploración y explotaciones mineras, petroleras, construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos, hasta que exista una legislación sobre la materia, acorde a los intereses nacionales, que contemple no sólo la especificidad técnica de los aspectos petroleros y mineros, sino que se modifique el registro mercantil de las empresas mineras, petroleras y de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
5. La aprobación de leyes en beneficio de los pueblos y comunidades empobrecidas, particularmente la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Consultas a los Pueblos Indígenas, y la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas de Guatemala.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Guatemala, 26 de Marzo de 2012