Funcionarios de Gobierno: Confirman política represiva de desalojos practicada por la UNE

La aplicación de una política represiva de desalojos, el trato despectivo y ofensivo a los campesinos así como el privilegiar los intereses de unos pocos que constituyen el poder económico del país, por parte del Gobierno, así como la descoordinación total entre las instituciones del gobierno que intervienen en la ejecución de la política de desalojos, fue evidenciado hoy por los funcionarios citados por la bancada de URNG-MAÍZ para abordar el tema de los desalojos de fincas en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.

En esta reunión convocada por los diputados Héctor Nuila y Walter Félix de la bancada de URNG-MAÍZ también estuvieron presentes representantes de los afectados de las 14 fincas desalojadas, quienes tuvieron su oportunidad para preguntar a los ministros de Gobernación (Mingob), Defensa (Mindef), así como al representante del Ministerio Público (MP), secretario de Asuntos Agrarios (SAA), el representante del (RIC), el representante del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), respecto del tema en referencia.

Tanto en las preguntas planteadas por el legislador Nuila, así como por los vecinos de las fincas desalojadas, a los funcionarios de Gobierno, las respuestas de todos ellos fueron vacilantes y contestadas de manera completamente insatisfactoria y contradictoria. Ante este vacío solicitaron tiempos para contestarlas en plazos que van desde 24 a 72 horas.

Después de escuchar las respuestas de los representantes del Gobierno, el diputado Nuila concluyó en que la parcialidad, negligencia e irresponsabilidad caracterizan a la SAA, ya que no poseen una política de Estado para resolver la conflictividad agraria, así como la Copredeh que no cumple con su mandato de hacer prevalecer los Derechos Humanos en todas las acciones de gobierno, máxime en temas tan injustos como lo son los desalojos.
Contrario actuó con irresponsabilidad al ordenar un desalojo sin tener la certeza jurídica de las tierras.
“Esta citación ha evidenciado la irresponsabilidad, parcialidad y negligencia con la que actúan los funcionarios del Gobierno. Ninguno cumple con los tratados internacionales que buscan que prevalezcan los Derechos Humanos ante cualquier situación. También se evidenció que la fuerza pública actuó aplicando tácticas contrainsurgentes de ablandamiento, así como presión psicológica y exesivo y desproporcionado uso de la fuerza pública”, indicó el legislador.
Es lamentable, dijo Héctor Nuila, que en tiempos de paz aún se trate de manera despectiva y ofensiva a los campesinos, utilizando calificativos como usurpadores, invasores o agresores para referirse a ellos, y que prevalezcan para el Estado los intereses de unos pocos ricos frente al interés mayoritario de la población en general.

Lo señalado por el parlamentario fue respaldado por los representantes de las fincas desalojadas, que aseguraron fueron tratados de manera violenta y represiva provocando incluso la muerte de un campesino. “Lo que pasa es que al Gobierno no le interesamos, nos ven como basura”, afirmaron.